Historia de la democracia en México: el voto de los michoacanos en el extranjero

La historia de la democracia en México ha estado marcada por reformas graduales que han ampliado derechos, redefinido actores políticos y cuestionado las fronteras de la ciudadanía. A mediados de los años noventa, en el contexto de la llamada transición democrática, el tema del voto desde el extranjero irrumpió en la agenda nacional. Ya no se trataba únicamente de corregir prácticas electorales internas, sino de atender la demanda de participación política de millones de mexicanos que, aunque residentes fuera del país, seguían ligados a sus comunidades de origen.

El impulso provino de los propios migrantes, que desde Estados Unidos comenzaron a presionar a los partidos y al poder público, reclamando voz política proporcional a su creciente influencia económica. Las remesas enviadas por los connacionales pasaron de mil millones de dólares en 1980 a tres mil seiscientos millones en 1995, convirtiendo a México en el principal receptor de remesas en América Latina. Este fenómeno obligó a repensar la relación entre el Estado y su diáspora. Los migrantes no son solo mano de obra o benefactores económicos, también son ciudadanos con demandas políticas.

Bajo este contexto, el 22 de agosto de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 36, fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que eliminó las barreras geográficas al sufragio. Más tarde, en marzo de 1998, se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Federal para permitir que los mexicanos en el extranjero pudieran votar en elecciones nacionales. Esta apertura jurídica fue acompañada por una intensa discusión pública, alimentada por el descrédito del sistema político presidencialista, los cuestionamientos a la legalidad de procesos electorales previos, y el ascenso de gobiernos locales más autónomos y plurales.

Así, el 30 de junio de 2005 se aprobaron finalmente los lineamientos que permitieron, por primera vez, que los mexicanos fuera del país participaran en la elección presidencial de 2006. Esta conquista, sin embargo, no quedó en el plano federal. Michoacán, uno de los Estados con mayor número de migrantes en el extranjero, trasladó esta discusión a su legislación local, reformando su Código Electoral para permitir que los michoacanos votaran desde el exterior en la elección de gobernador de 2007.

Posteriormente, en 2011, el derecho al voto migrante quedó incorporado en la Constitución Política del Estado de Michoacán, consolidando un proceso implicó reformas legales, diseño institucional, implementación logística y un nuevo horizonte para el ejercicio de la ciudadanía más allá del territorio nacional.

Cada parte hasta ahora expuesta, se explica a detalle en el libro El voto de los michoacanos en el extranjero —perteneciente a la colección Michoacán en libros—, escrito por Israel Bucio García y publicado por La Atenas de América que visibiliza un episodio histórico-jurídico poco narrado, pero crucial del avance democrático electoral mexicano.

La migración michoacana como realidad política

Durante el siglo XX, Michoacán se consolidó como uno de los Estados con mayor expulsión migratoria hacia Estados Unidos, fenómeno que se agudizó en las décadas finales del siglo. Las remesas, el intercambio cultural y la creación de redes comunitarias transnacionales consolidaron una presencia michoacana activa y numerosa en el extranjero.

De acuerdo con la obra El voto de los michoacanos en el extranjero —disponible en Amazon en versión ebook y pasta blanda— fue precisamente esta realidad sociopolítica la que impulsó al Congreso del Estado a aprobar reformas constitucionales y legales que reconocieran explícitamente el sufragio en el exterior, particularmente para la elección de gobernador. Se trató de una de una respuesta institucional ante el migrante michoacano como sujeto político emergente con derechos, demandas y presencia creciente en el debate público.

Una innovación institucional

Queda claro que Michoacán se convirtió en un laboratorio electoral. A través de decretos, reformas legales, modificaciones constitucionales y mecanismos institucionales, el Estado abrió un proceso inédito al permitir que los michoacanos residentes fuera del país pudieran votar para elegir gobernador. No fue una concesión simbólica. Hubo recursos públicos, capacitación institucional, campañas de información y un andamiaje legal con respaldo constitucional y legislativo.

La inclusión del voto desde el extranjero ha sido vista por muchos como un paso natural en la democratización del país. Pero, como advierte el estudio, no basta con diseñar leyes. La participación real depende de múltiples factores. Entre ellos, destacan:

• La accesibilidad de los medios de votación (correo, electrónico, presencial).

• La confianza de los migrantes en el proceso electoral.

• La presencia de campañas dirigidas al exterior.

• La claridad institucional en la operación del proceso.

El caso michoacano permite observar tanto las virtudes de la apertura democrática como las limitaciones materiales, técnicas y culturales de su aplicación.

Hacia una ciudadanía extendida

El derecho al voto desde el extranjero no solo tiene implicaciones en lo electoral. Representa una ampliación del concepto de ciudadanía. Los michoacanos que viven fuera del país son sujetos de derechos, con intereses legítimos sobre lo que ocurre en su tierra de origen como la educación de sus hijos, las políticas públicas y los proyectos de desarrollo local.

El derecho a votar forma parte del proceso político. Por ello, se plantea la necesidad de crear figuras de representación política para migrantes situadas como una extensión de su capacidad sufragar.

Aunque el voto en el extranjero es legal y ha sido aplicado, su legitimidad política sigue en disputa. Algunos sectores lo ven con desconfianza, acusando potenciales fraudes o influencias externas. Otros lo celebran como un acto de justicia cívica.

¿El caso del voto de los michoacanos en el extranjero ha tenido eco nacional?

La experiencia de Michoacán ha sido tomada en cuenta en otros Estados y en la legislación federal. De hecho, la reforma política de 2007 y posteriores disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) han retomado aprendizajes del modelo michoacano. No se trata de replicar mecánicamente sus pasos, se trata de asumir que la democracia mexicana, para ser plena, debe integrar también a quienes la sostienen desde el exterior.

¿Cuándo se permitió por primera vez el voto de los michoacanos en el extranjero?

El voto de los michoacanos en el extranjero fue habilitado en elecciones estatales a partir de 2007, cuando se implementaron mecanismos legales para que los ciudadanos residentes fuera del país pudieran participar en la elección de gobernador. Fue uno de los primeros casos en México con aplicación efectiva.

¿Qué retos ha enfrentado el voto de los migrantes michoacanos?

Los principales desafíos han sido operativos y políticos como dificultades para registrarse, escasa difusión en el exterior, desconfianza en el sistema, y altos costos por cada voto emitido.

Un camino más en la democracia electoral

La experiencia michoacana puso en marcha un precedente que abrió el camino para que el voto migrante se discutiera a nivel nacional con mayor seriedad. En una democracia marcada por desigualdades históricas y por presiones constantes entre legalidad y legitimidad, este caso permite observar los alcances y los límites de una ciudadanía que ya no puede pensarse en términos puramente territoriales. Reconocer el derecho al sufragio de quienes migraron es un gesto político que redefine el significado mismo de pertenencia, representación y nación.

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Este artículo ha sido escrito por Jesús Arroyo Cruz con base en fuentes históricas de los siglos XIX y XX. Nuestros contenidos están diseñados para aportar y acompañar en el camino del conocimiento.